Por Malaginoo. Traducido por Confederación Internacional del Trabajo (ICL-CIT).
El gobierno filipino está un paso más cerca de mostrarse tal como es: una entidad antidemocrática y opresora, dispuesta a proteger y servir los intereses de un puñado de personas poderosas, ricas y privilegiadas. Ya antes de que se oyera hablar de confinamiento y cuarentena con ocasión de la pandemia de la COVID-19, se planteó la actualización de la Ley de Seguridad Ciudadana, una normativa que define los parámetros de lo que se considera terrorismo. Después de muchos días y semanas de tejemanejes políticos, declaraciones altisonantes y de acusar de rojos a la oposición, el congreso hizo público el Proyecto de Ley Antiterrorista 2020. ((Informe sobre el proyecto de ley: Neil Arwin Mercado, “Una detención sin orden judicial más larga entre las características del proyecto de ley antiterrorista de Lacson”. Philippine Daily Inquirer. 2 de octubre de 2019. https://newsinfo.inquirer.net/1172687/longer-warrantless-detention-among-features-of-lacson-anti-terror-bill ))
